Neoliberalismo y posneoliberalismo en América Latina

Algunas consideraciones teóricas sobre el Estado y la política

Por Roberto Cassaglia y Ana Belén Mercado [*]

 “Para  ellos  no  hay  más  que dos   clases   de   instituciones,   las   artificiales   y   las   naturales […] En esto se parecen a los teólogos, que también establecen dos clases de religiones. Toda religión  que  no  es  la  suya  es  una  invención  de  los  hombres,  mientras  la  suya  propia  es una  emanación de  Dios.  Cuando  los  economistas  dicen  que  las  relaciones  actuales -las relaciones  de  producción  burguesas- son  naturales,  dan  a  entender  que  son  relaciones dentro  de  las  cuales  se  crea  la  riqueza  y  se  desenvuelven  las  fuerzas  productivas  con arreglo  a  las leyes  de  la  naturaleza.  Por  ello  estas  relaciones  son,  en  sí  mismas,  leyes naturales independientes de la influencia del tiempo. Son leyes externas que deben regir siempre  la  sociedad.  Así,  la  historia  ha  existido,  pero  ya  no  existe.”

Karl Marx (1847)

“Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Algo que cuenta en nuestro favor: el tiempo histórico está de nuestro lado.”

Álvaro García Linera (2016)

El presente trabajo propone inscribir los debates contemporáneos acerca del neoliberalismo, posneoliberalismo, y sus manifestaciones empíricas latinoamericanas presentes, en las perspectivas teóricas y preocupaciones clásicas de la sociología como disciplina desde una mirada histórica de mediano plazo. Retomaremos conceptualizaciones clásicas, fundamentalmente fruto del debate entre las nociones de autonomía relativa e instrumentalización del Estado, con el objetivo de reflexionar acerca de los variados rumbos en los que se ha encaminado la región desde comienzos del nuevo siglo. En relación a esto, haremos algunas observaciones sobre la correspondencia entre el neoliberalismo y la pospolítica. Una vez trazado este panorama, incursionamos en el análisis comparativo de dos documentos programáticos producidos por partidos de derecha en Venezuela (2010) y Brasil (2015). La intención será brindar un sustrato fáctico a lo desarrollado previamente y, de esta manera, aportar a una comprensión más acabada de los fenómenos que están movilizando América Latina.

Neoliberalismo/ posneoliberalismo: pugna por la autonomía relativa del Estado

La autonomía relativa del Estado puede entenderse como un elemento del desenvolvimiento normal de la relación entre las clases, el cual halla su sustento en “la autonomía específica, en  las  formaciones  capitalistas, de la lucha política y  de  la  lucha económica,  del  poder político y  del  poder  económico,  de  los  intereses  económicos  de  clase  y  de  los  intereses  políticos  de  clase” (Poulantzas, 2007: 241). Por  contraste a su instrumentalización de parte de un grupo social para la representación directa de sus intereses económico corporativos de corto plazo, el Estado tiene por función la representación de los intereses políticos del conjunto de las clases dominantes. Esto es, erigirse en el organizador de la lucha política y factor de cohesión de dicho conjunto, de una parte, y a la vez, asegurar el predominio hegemónico de aquel sobre toda la sociedad por la vía de la representación del interés general, con la finalidad de obtener el consentimiento de las clases dominadas.

En América Latina, muchos autores han denominado al hiato que medió entre la instauración del Consenso de Washington desde finales de 1980 y el presente (caracterizado por una restauración conservadora de derecha), y que se revisa para el conjunto de América Latina en un pertinente intento de sistematización de Mauro Berengan (2015), una hegemonía posneoliberal. Este autor ofrece algunas respuestas a partir de ciertos observables empíricos, sean estos el consenso en torno a la desmercantilización como democratización (Emir Sader), o a un núcleo de valores centrados en la justicia, la democracia, el bienestar y el crecimiento (Atilio Borón); o la construcción, discursiva e ideológica de una identidad totalizante que articula a su interior demandas equivalentes y que se constituye en oposición a lo que ella misma excluye (Laclau). No obstante, propone acertadamente:

“la reintroducción del estudio de la base estructural de los procesos, la situación de clase […] Subsanar el excesivo énfasis colocado en la operación discursiva, según el cual cualquier grupo social puede llegar a la dominación de tipo hegemónica sólo con cumplir los pasos (construir los discursos) adecuados. Enfatizamos que la realidad extralingüística condiciona necesariamente las posibilidades del despliegue discursivo, a la vez que lo prefigura.” (p. 155)

La remisión a la estructura ha estado justamente, ausente en parte de la producción reciente en el campo de las ciencias sociales acerca de los temas de neoliberalismo-posneoliberalismo o, si se prefiere, nuevas derechas-nuevas izquierdas. Los conceptos de hegemonía posneoliberal y sus derivaciones, frutos de su coyuntura, escinden la relación necesaria de la que hablaba Gramsci entre los niveles estructurales y superestructurales[1] (Portelli, 1977), para concentrarse en éste último. La perspectiva del tiempo transcurrido nos permite hablar más bien de un hiato en la hegemonía neoliberal, ubicada esta sí en la temporalidad orgánica (estructural) del capitalismo como orden mundial. Dos precisiones ameritan ser hechas a este respecto: lo anterior no quiere decir que haya permanecido igual a sí misma, las variopintas experiencias y expresiones contestatarias a nivel global dan cuenta de ello. La segunda, si estamos en lo correcto, y si a ello se le suma la necesidad del Estado como instrumento de apropiación del excedente para las burguesías de estas latitudes (Abeles, 1999; Castellani & Schorr, 2004), ello explicaría la centralidad de la actual disputa por aquél en nuestra América Latina.

La oposición derecha/izquierda tiene, por una parte, un aspecto relacional (Giordano, 2014), al tiempo que, tanto una como otra, ocupan una posición respectiva en torno la idea de igualdad (Ansaldi, 2014). El primero explicaría la apropiación novedosa del significante “cambio” por parte de las nuevas derechas y su profuso empleo en las diversas campañas electorales recientes; fenómeno no restringido a la Argentina. El segundo nos remite a una distinción fundamental que reside en propugnar la tendencial reducción de la desigualdad, o su aceptación, con su consecuente transmutación en fenómeno natural. El neoliberalismo es la expresión ulteriormente desarrollada de esta última[2]. Supuesto el carácter presocial de las instituciones del mercado y la propiedad privada, se desprenden las funciones del Estado y la política, éstas últimas imperfectas construcciones humanas: “ello se traduce en una concepción puramente instrumental del Estado: la defensa de la propiedad privada y del mercado” (Ansaldi, 2014: 11). El modelo de ciudadanía que propone el neoliberalismo es, en consonancia, el de la supervivencia individual, el refugio en el consumo privado y la mezquindad.

Retomando a Poulantzas, la función del Estado:

denota  un hecho  real:  ese Estado permite, por su misma estructura, las  garantías  de  intereses  económicos  de  ciertas  clases dominadas, contrarios eventualmente a los intereses eco­nómicos  a  corto  plazo  de  las  clases  dominantes,  pero compatibles  con  sus  intereses  políticos,  con  su  dominación  hegemónica. ( 2007: 242)

Desde esta lectura, García Linera (2015) nos alerta acerca del peligro de la “trampa instrumentalista” (p. 12), que deviene en una lectura abdicante del poder y deja el Estado en manos de los sectores dominantes. Es por eso que destaca la importancia de concebir al Estado y por ende, la dominación, como una relación social: una “cotidiana trama social entre gobernantes y gobernados” (p. 4). Mediante los mecanismos electorales representativos de la voluntad popular se forma un compromiso entre elegidos y electores, que no puede ser del todo roto sin consecuencias. En este sentido propone que:

“…no puede existir una dominación impune. Ya que los bienes comunes son creados, permanentemente ampliados y demandados, pero solo existen si son a la vez monopolizados; todo ello no puede suceder como una simple y llana expropiación privada; de hacerlo, entonces el Estado dejaría de ser Estado y devendría en un patrimonio de clase o de casta, perdiendo legitimidad y siendo revocado.” (p. 8).

El Estado se constituye así desde su misma existencia como cristalización de luchas sociales; pero al mismo tiempo, y en tanto relación social (cuya reproducción no es automática), como objeto de pujas de intereses contrapuestos y herramienta para lograr la hegemonía. Por el contrario, en lo que él llama “principio de incompletitud histórica” (p. 4), existen múltiples grietas, intersticios, espacios de incertidumbre, en los que se gesta y surge la posibilidad de la emancipación. Desde el Estado se construyen, se monopolizan y se disputan los bienes comunes, los “recursos pertenecientes a toda la sociedad” (p.7). Sólo así puede justificar su existencia.

La autonomía relativa del Estado halla límites, no obstante, donde el núcleo duro de los intereses de la burguesía es invadido, o percibido como tal. Lo que sigue en nuestro país, y ello es extensible, con sus necesarios matices, a varios Estados de la región, es tremendamente novedoso: el acceso al Estado por parte de la clase dominante, ya no mediante el veto estructural ni la mediación de los partidos tradicionales, sino directamente en el escenario de la política[3]. La clase, que en el transcurso de una década no había dejado de ser dominante en el plano estructural, devino nuevamente directora, accediendo al ejercicio del gobierno del Estado (Gramsci, 2013).

Las clases en el pantano de la pospolítica

Ocurre que es el propio fenómeno el que opone resistencias epistemológicas para ser leído en términos estructurales, obturando uno de los conceptos generadores de las más profusas e intensas discusiones a lo largo de la historia de la disciplina: las clases. Ello es posible en la medida en que existe una afinidad electiva entre neoliberalismo y pospolítica. Lo expresamos de esta manera intencionalmente, porque el último no es un fenómeno que se inscribe necesariamente en el marco del primero. La pospolítica, entendida como la gestión técnica de las problemáticas sociales, y, en tanto tal, a cargo del saber experto; opera un desplazamiento ideológico de los antagonismos estructurales fundamentales[4] hacia la resolución de reivindicaciones, presentes en el ámbito de la sociedad civil, de manera específica y estanca mediante su canalización institucional (Ansaldi & Soler, 2015). Entendida de esta manera, la pospolítica, junto con la advocación por la creación de instituciones-válvulas de escape del conflicto social que impidan la universalización de demandas particulares, data de mediados del siglo pasado y tuvo lugar en el marco de un orden mundial completamente diverso[5].

La novedad histórica no radica en la existencia de la pospolítica como tal, sino su imbricación con la forma de política posmoderna resiliente ante la tolerancia de identidades divergentes, plasmadas en estilos de vida alternativos y particulares; pero reacia ante la organización y la movilización colectiva y las identidades comunitarias. El fenómeno para el que Slavoj Zizek (2008) acuñó el término de multiculturalismo normativo asimila las diferencias culturales, convirtiéndolas en un producto más de consumo, pero excluye la divergencia en torno a lo que aquél calificaba como la verdadera política: los excluidos del orden que se organizan colectivamente ante las élites dominantes en torno a una reivindicación no negociable, que resulta menos importante al fin que la organización misma y el reconocimiento como interlocutores válidos. El resultado es el fin de las ideologías, y con él, de las luchas colectivas, y las gravosas conquistas que son su resultado, reemplazadas por concesiones o permisos. El autor recuerda, en el mismo sentido, que la diferencia entre derechos y permisos radica en que el primero altera la distribución de poder entre los dos términos de la relación, mientras que el segundo la deja intacta y, por tanto, así como fue concedido puede ser retirado.

Esta forma de política, por otra parte, posibilita la despolitización de la economía, transmutada en un estado de cosas impasible ante el que resulta lógica la concesión de la autoridad decisoria al saber técnico-experto y sus referentes. El sentido común (en la más plena acepción gramsciana) reemplaza la reflexión en torno a los antagonismos estructurales rectores de la vida social y el “diálogo” a la lucha de clases.

Retomando desde donde cerramos el anterior apartado, ¿será que el electorado volcado hacia las alternativas de derecha en las elecciones recientes es inconsciente de que actúa en contra de sus intereses? La pregunta es perenne dentro de nuestra disciplina en lo que hace a la correspondencia de los intereses de los sujetos con las posiciones estructurales que ocupan, preocupación intrínseca al concepto mismo de clase, y que excede con mucho estas reflexiones. No obstante, destacamos que la pospolítica, en la medida en que obtura los antagonismos estructurales, recodifica la lucha de clases hacia los conflictos que habitan la superficie de la sociedad civil. De esta manera se puede hacer campaña, siempre sobre un telón de fondo discursivo vacío y tendiente a legitimar valores muy generales, ofreciendo alternativas de identificación que son más bien morales o incluso modales, supuesto que se abandona la soberanía sobre los aspectos colectivos en favor del saber experto, en una relación que se mueve en el eje confianza/desconfianza (el problema nodal se traduce así en la determinable pericia de tal o cual experto o su corruptibilidad, o ambos). La pauta general del modelo de ciudadanía neoliberal es el alejamiento de la intervención en lo colectivo, que el sentido común del mismo sabe redireccionar hacia el rechazo de la intervención del Estado en la propia soberanía sobre el consumo individual[6].

En perspectiva latinoamericana

Hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en América Latina se produce una crisis del paradigma neoliberal en la que se evidencia la pérdida de representación y legitimidad de los partidos tradicionales y, como consecuencia, surgen gobiernos de corte popular o progresista. Estos gobiernos, con menor o mayor éxito, instalan la politización de las desigualdades en la región y dan respuesta a demandas populares insatisfechas. Esto pone en jaque el proyecto de modernización conservadora de las derechas (Rovira Kaltwasser, 2014).

Sin embargo, en la última década las derechas se agrupan a partir de la necesidad de contrarrestar la avanzada de las fuerzas políticas de centro-izquierda en el poder, consolidadas mediante elecciones. Para ello, modifican sus estrategias e incorporan a su discurso nuevas ideas anteriormente ausentes en su imaginario, como veremos. Este corte en las estrategias se observa nítidamente en las derechas en la oposición, mientras que para el caso de las derechas en el gobierno, las notas de continuidad son el rasgo predominante. La democracia construida por estas fuerzas en el gobierno es puramente instrumental, un “paquete de medidas a aplicar” (Hinkelammert, 1988). Según este autor, la nueva derecha en el poder asegura la armonía social automática a partir de la instauración de un interés común, que es el del mercado, licuando así los conflictos de intereses. En esto consiste el “utopismo de la nueva derecha”.

En la medida en que estos procesos no pueden visualizarse con ajenidad a la ofensiva de las derechas a nivel regional, proponemos a continuación y a modo de cierre, una lectura en clave comparativa entre los documentos “Un puente para el futuro”, hecho público por el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en octubre de 2015, por un lado, y “100 soluciones para la gente”, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) venezolana, del año 2010. Estos documentos son sendas muestras programáticas de las derechas latinoamericanas. En el caso brasileño resulta imprescindible el análisis, atentos al golpe de Estado que se acaba de consumar en dicho país y que ha dejado como presidente precisamente a Michel Temer, líder del PMDB. En Venezuela, por su parte, la MUD impulsa un referendo revocatorio con el afán de deponer al presidente Nicolás Maduro y concluir así los 17 años del chavismo en el poder.

La obertura de “Un puente para el futuro” constituía un clamor por la pacificación del país “pues la profundización de las divisiones y la diseminación del odio y los resentimientos están invisibilizando los consensos políticos sin los cuales nuestras crisis se tornarán cada vez mayores”. Dicho consenso, argüía, además de constituir una necesidad, se hallaba ya presente en la generalidad de la sociedad brasileña. La urgencia del mismo: “impone la formación de una mayoría política, aunque transitoria o circunstancial, capaz de, en un corto plazo, producir todas estas decisiones en la sociedad y el Congreso Nacional”, lo cual se ha concretado el 31 de agosto con los 61 votos afirmativos que destituyeron a Dilma Rouseff. La perentoriedad de tal entendimiento, se desprendía de un diagnóstico que destacaba la crisis fiscal del Estado, en particular, debida al gasto público por encima de la renta nacional “resultando en una trayectoria de crecimiento insustentable de la deuda pública que se aproxima al 70% del PBI, y continuará elevándose a menos que reformas estructurales sean hechas para contener el crecimiento del gasto”. El documento de la MUD, cuyo título “100 soluciones para la gente” intenta mostrar una cercanía con el pueblo, expresa los deseos de que “todos los venezolanos de buena voluntad” apoyen su programa con la premisa de que así “se adecenterá la gestión pública” y “se dignificará el ejercicio de la política”. Expresan que “Como miembros de esta alianza política, nos comprometemos a trabajar unidos para alcanzar las aspiraciones más sentidas del pueblo venezolano: la democracia y el bienestar.”

En lo que respecta a la identificación de los efectos sociales y políticos, encontramos similitudes en los diagnósticos. En el caso brasileño esto se torna en reflexión crítica respecto de las “democracias de masas”, las cuales “no parecen capaces de convivir pasivamente con el fin del crecimiento económico y sus oportunidades, ni con la limitación de la expansión de los gastos del gobierno”, fenómeno que redunda en el “debilitamiento de la autoridad política” incluso en los países “desarrollados”. Un equilibrio duradero de las cuentas públicas, se define, en consonancia, como una “cuestión previa” que “ninguna visión ideológica puede cambiar”. El programa venezolano califica como:

grave […] el propósito deliberado del actual gobierno en consolidar una sociedad estatista, inspirada en fracasadas experiencias colectivistas y en el culto a la personalidad y la concentración del poder, sin pluralismo y libertades, con una economía que perpetúa la pobreza y bloquea la creatividad y prosperidad.

Por otra parte, el documento del PMDB señala que los motores de crecimiento que habían traccionado la economía brasileña, las ganancias extraordinarias del sector externo y el aumento del consumo familiar se encontraban “agotados”, y “un nuevo ciclo de crecimiento deberá apoyarse en la inversión privada y en los aumentos de competitividad del sector externo, tanto del agronegocio, como del sector industrial”, bajo “modelos de negocio que respeten la lógica de las decisiones económicas privadas, sin intervenciones que distorsionan los incentivos de mercado, incluso respetando el realismo tarifario”. El modelo económico que promueve el documento de la MUD plantea líneas similares, aunque no hace hincapié en la industrialización, lo cual resulta evidente dadas las diferencias entre los recursos económicos de los países aquí analizados. La MUD propone garantizar “la propiedad pura y simple de la tierra, superando los esquemas colectivistas y las medidas arbitrarias de ocupación y estatización.”

El rol Estado, en este nuevo esquema, habría de concentrarse en la apertura de mercados externos con el fin de aumentar la competitividad del sector productivo, bajo la premisa de que “[la] globalización es el destino de las economías que pretenden crecer”. Las incumbencias del Estado se sintetizan así en la reducción del gasto público, como garantía de sustentabilidad fiscal en orden a afectar positivamente las expectativas de los agentes económicos. En este sentido:

las discusiones sobre el tamaño y el objetivo del Estado casi siempre se mueven en el vacío, porque la cuestión central es que el Estado debe ser funcional, cualquiera sea su tamaño. Para ser funcional, debe distribuir los incentivos concretos para la iniciativa privada y administrar de modo racional y equilibrado los conflictos distributivos que proliferan en el interior de cualquier sociedad.

En concordancia con el documento del PMDB, las consideraciones del documento de la MUD sobre el Estado postulan que “la sociedad debe conservar su autonomía frente al Estado. […] el Estado no puede ahogar o secuestrar las iniciativas comunitarias en el campo social, económico o cultural.” Para concluir, la alianza venezolana subraya “La importancia de la iniciativa privada y de la actuación reguladora del Estado en el ámbito económico, bajo un sistema socioeconómico en el que debe promoverse el fortalecimiento del sector productivo privado.”

Notas

[*]  Ana Belén Mercado. Estudiante avanzada de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Becaria del Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL). Integra el Proyecto UBACyT “Nuevas derechas y democracia en América Latina (1980-2010)” que dirige Verónica Giordano y codirige Lorena Soler con sede en el Instituto de Estudios de América Latina (IEALC).

Roberto Cassaglia. Estudiante avanzado de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Integra el OBLAT (Observatorio Electoral Latinoamericano) que dirige la Dra. Inés Nercesián y codirige la Lic. María Constanza Costa, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

[1] Esto es, una relación dialéctica en la que los movimientos superestructurales han de ser necesarios respecto de la estructura (y en la medida en que no lo sean, serán coyunturales), a la vez que es en el terreno superestructural de la ideología y la acción política donde las clases toman conciencia de su propia existencia y de las contradicciones estructurales que las constituyen como tales.

[2] En tanto que tal, se ha despojado de cualquier resabio igualitario del liberalismo, cuando éste se colocaba, relacionalmente, a la “izquierda”. Nos debemos tal vez, quienes nos consideramos parte del campo popular, una reapropiación del término de manos de las posiciones de derecha neoliberal, que está lejos de ser su heredera en la teoría y la praxis.

[3] El párrafo cerraba de la siguiente manera: “y por la vía electoral”. El mismo día en que era escrito, finalizaba en Brasil un proceso de impeachment que separaba de su cargo a la presidente electa Dilma Rousseff, lo que nos llevó a reconsiderarlo.

[4] Entiéndase éstos en su versión material, como lo hace el marxismo clásico; a partir del cierre social estatutario como lo hacen las corrientes influidas por el weberismo, cuyo principal referente es Frank Parkin (1984); o una hibridación de criterios provenientes de ambos cuerpos teóricos, tales como, por ejemplo, propiedad y autoridad, en Ralph Dahrendorf (1979).

[5] En el marco de las ciencias sociales este fenómeno tuvo asimismo su reflejo, la extensa producción de los llamados teóricos del conflicto social, teniendo a los norteamericanos John Rex y Lewis Coser como principales referentes, da cuenta de ello.

[6] En relación a ello, y en el marco de una reciente reflexión sobre algunos de las limitaciones de los gobiernos progresistas de la región, García Linera (2016) expresaba lo anterior en términos de una problemática de redistribución de riqueza sin politización social: “si [la] ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Habremos creado una nueva clase media, con capacidad de consumo […] pero portadora del viejo sentido común conservador”.

Referencias bibliográficas

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Hinkelammert, F. J. (1988): “Democracia y nueva derecha en América Latina”. En Nueva Sociedad, N° 98, noviembre-diciembre de 1988, pp. 104-115.

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Žižek, S. (2008) En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur.

Documentos relevados:

  • Mesa de la Unidad Democrática: “100 soluciones para la gente”. Caracas, abril de 2010.
  • PMDB/Fundaçao ‘Ulysses Guimarão': “Uma ponte para o futuro”. Brasilia, octubre de 2015. (Traducción realizada por Roberto Cassaglia)

 

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