Golpes de Estado de nuevo tipo y una renovada Doctrina de Seguridad Nacional

Por Nahuel Sosa [*]

Introducción

El presente artículo pretende dar cuenta de  los esquemas de contrainsurgencia, que con el neoliberalismo configuran una renovada Doctrina de Seguridad Nacional y operan en América Latina a través de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) en relación,  tanto a los gobiernos populares que emergieron a principios del siglo XXI, como a las organizaciones políticas y los movimientos sociales y societales (Zibechi, 2009), los cuales han sido parte clave en los procesos de emancipación.

Brasil, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Argentina marcan con sus distintos matices un cambio de época que desplaza al paradigma neoliberal, retornando el Estado y la política a ser protagonistas en el devenir histórico de los pueblos. Lejos de resignarse, la derecha entra en un lapso de reorganización para tejer novedosas formas de intervención en el nuevo mapa regional.

Una de las características principales de la reconfiguración se expresa con un cambio de táctica a través de los golpes de Estado de nuevo tipo como el “golpe institucional” a Fernando Lugo en Paraguay (2012) y a Manuel Zelaya en Honduras (2009), más los intentos frustrados en Venezuela (2002) y Bolivia (2008). A su vez se producen diversos procesos destituyentes a gobiernos democráticos como las amenazas de los fondos buitres, corridas cambiarias y el loock-out de las patronales agrarias al gobierno de Cristina Kirchner. Del mismo modo, se pueden identificar otros procesos como la guerra económica a Maduro o la reciente tentación de la coalición golpista brasileña, que a través de un juicio político relámpago (impeachment) pretende derrocar definitivamente a Dilma Rousself a la parguaya.

Los esquemas de contrainsurgencia se han actualizado en pos de una recolonización (Calloni, 2008), que tiene como objetivo el control y el avance geoestratégico por parte de las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, en América Latina.

Los golpes de nuevo tipo que forman parte determinante de los dispositivos de la GBI, son  también conocidos como golpes “suaves” o “blandos”, ya que tiene su origen en los textos del  sociólogo estadounidense y colaborador permanente de la CIA  Gene Sharp, quien describe detalladamente las diferentes etapas (ablandamiento, deslegitimación, calentamiento en la calle, diversas formas de lucha y fractura institucional), y las acciones que pueden desarrollarse para derrocar a un gobierno “dictatorial populista” que no sea afín a los Estados Unidos. Una de sus características principales es que a diferencia de los golpes clásicos, se busca que no sea con  las fuerzas armadas en primer plano, sino por el contrario con algún agente de la sociedad civil.

A su vez los pilares de la GBI tienen su origen en la contrarrevolución sandinista (Kornbulh, 1990) y plantean un tipo de guerra distinta a la clásica, en la cual la disputa cultural (Sotolongo, 2008), es un factor determinante, así como la información o desinformación del adversario. Los movimientos sociales y políticos, al ser constructores de una territorialidad insurgente y una forma específica de habitar el espacio (Wahren, 2011), nos permiten indagar sobre cómo se despliegan los dispositivos de la GBI y comprender los niveles de sofisticación que adquiere la contrainsurgencia en el siglo XXI.

El avance de los procesos populares en la región supuso una nueva distribución del poder que implicó para la derecha innovar en sus tácticas de confrontación, tejiendo una guerra prolongada de desgaste (Itzu Luna, 2013) en la cual,  no sólo alcanza con la violencia física, sino que la cuestión simbólica se torna un elemento significativo. Es decir que es una derecha con carácter bifacético: por un lado ensaya distintos modus operandi para destituir y condicionar a los gobiernos populares, mientras que por el otro, construye una plataforma electoral-política aggiornada, apropiándose muchas veces de símbolos y términos progresistas para confundir y posicionarse en mejores condiciones en la disputa institucional.

En ese sentido, la tensión entre visibilidad e invisibilidad es una disputa por la visión de la historia (Aguirre, 2009), por cuestionar la racionalidad de una colonialidad dominante (Quijano, 2003), en la que está en juego la conformación de una determinada memoria colectiva (Halbwach, 2004) y el sostenimiento de una otredad negativa en tanto práctica social (Feierstein, 2007).

El feroz ataque mediático-judicial para desacreditar y estigmatizar a distintos líderes populares evidencia una estrategia que busca disputar la memoria colectiva. No existen memorias neutrales, las memorias son plurales y a su vez luchan por imponerse de manera hegemónica en la sociedad. Son relatos del pasado desde el presente que se reconfiguran de acuerdo a los marcos sociales en que se desarrollan. Según como se articulen las memorias del pasado con los desafíos del presente, pueden ser resistentes o funcionales al poder (Calveiro, 2008).

Hoy el neoliberalismo recargado pretende confeccionar una nueva memoria oficial (Jelin, 2002) en la cual se vuelva a cohesionar una suerte de pensamiento único que reinterpreta frívolamente la historia reciente como una mala excepción a la normalidad. La GBI en la última década ha actualizado sus mecanismos destituyentes para erosionar y/o realizar golpes de Estado de nuevo tipo frente a gobiernos populares (Moldiz, 2012), del mismo modo que renueva su metodología a la hora de confrontar con movimientos sociales insurgentes y las acciones colectivas que éstos producen para enfrentar al sistema capitalista y resignificar la identidad de los oprimidos (Melluci 1994).

 Un poco de historia

En plena Guerra fría, Estados Unidos comienza a buscar otros modos de intervención en los países del tercer mundo, particularmente, a partir de la década del 80. El caso nicaragüense fue un punto paradigmático y de inflexión en los ensayos de las guerras de nuevo tipo. La Doctrina Reagan comprendía que el comunismo no era invencible ni irreversible, por lo cual era imprescindible dar un salto cualitativo que permitiera “ganar mentes y corazones”, que hiciera de la paciencia y la prolongación una forma de desgaste. Para el Pentágono la guerra de baja intensidad suponía una aplicación sinérgica de esfuerzos, totalizadores políticos, sociales, económicos y psicológicos, que implicaba operaciones encubiertas, acciones psicológicas y campañas propagandísticas (Kornbluh, 1990).

En esta nueva filosofía de la guerra, ya no se trata apenas de la confrontación directa con las fuerzas revolucionarias (en este caso el Frente de liberación Sandinista), sino más bien de hacer un uso selectivo de la violencia, de comprender las acciones militares como parte de una integralidad, con una eficacia quirúrgica que conlleva a una elección premeditada del tiempo y el lugar.

En la guerra de baja intensidad, la prolongación como la paciencia ocupan un factor central para poder lograr satisfactoriamente la victoria, las acciones pueden ser grandes o pequeñas, lo que importa es su duración en el tiempo, su constancia, y por sobre todo, la articulación entre el factor psicológico, económico, político, militar y simbólico.

Esta nueva premisa implica pensar que en los conflictos regionales ya no sólo matan las balas, sino también las palabras, la violencia simbólica, el ahogo económico, y que la manipulación de la información puede a veces causar más daños que las operaciones militares clásicas.

Con la caída del Muro de Berlín  y la incorporación de casi toda Latinoamérica a las políticas neoliberales, la guerra de baja intensidad, al contrario de lo que muchos diagnosticaban, no llegó a su fin, por el contrario siguió existiendo y adquiriendo facetas aún más complejas que las anteriores.  La GBI ocupó el lugar de garante de las nuevas democracias de Mercado, desplazamiento que significó un nuevo papel, en el cual la prevención y la contención del conflicto social fueron sus pilares fundamentales.

A partir de 1980, con la apertura democrática de varios países, se expande en Latinoamérica un proceso por el cual las elites dominantes, buscan destruir a los movimientos populares en tanto agentes que pueden garantizar una democratización, y se enarbola al mercado como el productor y garante de la democracia (Hinkelammert, 1989). De lo que se trata es de identificar a las organizaciones y a los actores sociales que oponen resistencia al paradigma neoliberal, y no sólo producir informes de inteligencia sino operar de maneras que permitan predecir los estallidos sociales y detener su capitalización por determinados movimientos sociales. Además la GBI tiene un carácter bifacético: no sólo busca prevenir los levantamientos populares, sino también funciona como una polea de transmisión de las nuevas recetas del Mercado, que tenía entre sus deberes, persuadir y manipular con el fin de generar consensos en la población a esta nueva política-económica.

La década de los 90 implica un fuerte debilitamiento de las organizaciones sociales y políticas (Samir 2001), quienes ya venían de un fuerte retroceso producto de la última ola de dictaduras militares en la región. El avance de determinados sectores dominantes tanto en el campo simbólico como material, produce un quiebre en la integralidad de clases subalternas, que da pie a un fenómeno de atomización. El deterioro del tejido social, el retroceso del movimiento obrero, la pérdida de articulación y la crisis de las organizaciones políticas y sociales configuran un mapa en el cual la totalidad está quebrada, el todo se despedazó en fragmentos que encaran luchas focalizadas. La GBI aprovecha esta crisis de representatividad, de pérdida de universalidad y fomenta el culturalismo (Samir, 2001), con el objetivo  de  poner por encima de las diferencias y antagonismos de clase, a las diferencias culturales, religiosas y étnicas. Se trata de desvirtuar las legítimas demandas de grupos sociales por su identidad y el respeto a la diversidad cultural, y por el contrario promover el caos y la lucha entre fracciones oprimidas.

Con la aparición de gobiernos populares, que son productos de la resistencia y expresan un cambio de época, de crítica la cultural neoliberal, que promueven un límite al Mercado, una mayor intervención estatal, se consolida la integración regional y la incorporación de numerosos sectores a la vida económica antes excluidos, a la vez que la GBI vuelve a reconfigurarse.

Stella Calloni (2008) señala que:

en momentos en que América Latina está sometida a una invasión silenciosa, en varios frentes político, económico, militar, científico, informativo, cultural, dentro del entramado de una renovada Doctrina de Seguridad Nacional y su actualizado esquema contrainsurgente, la información se ha convertido en un arma de guerra (…) la apropiación de los medios masivos de comunicación por el poder hegemónico mundial, transformó la relación de estos con la sociedad, y el arma de la desinformación forma parte de una guerra sicológica…

Según la periodista la GBI es también un nuevo tipo de guerra sucia que tiene como objetivo central la recolonización de América Latina. Y es en este intento de recolonización donde aparecen la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado como argumentos válidos para justificar intervenciones que tienen objetivos destituyentes. Del mismo modo se utilizan a ONG´s e incluso sectores tradicionalmente progresistas para agudizar la lógica del caos, para intensificar los conflictos sociales.

Por otra parte, Hugo Moldiz (2012) introduce la idea de los nuevos tipos de golpes de estado. En la década del 70 la táctica de los golpes de estado fue harto utilizada en los países de América Latina, desarrollando dictaduras enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional que torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de personas. En lo que va del siglo XXI, lejos de desaparecer esta táctica, el autor considera que ha cambiado su forma e identifica cinco nuevos tipos de golpes de estado.

El primero es el patronal, impulsado por los sectores privados que concentran la propiedad y la producción y que por lo tanto tienen la capacidad para desabastecer la provisión de alimentos y servicios generando un ambiente de desconcierto, desesperación y caos en amplios sectores de la sociedad.

El segundo es el militar de nuevo tipo llevado a cabo por sectores de los destacamentos especiales de hombres armados – militares y policías – del Estado, quienes según el autor realizan el “trabajo sucio”, mientras que la dirección, a diferencia de las décadas del 60 y 70, la asumen los civiles.

Luego identifica el golpe de estado congresal, que puede estar combinado con la participación de militares o bien puede ser netamente parlamentario.

En cuarto lugar Moldiz destaca el golpe cívico – prefectural, con el que hace referencia a la combinación de fuerzas sociales conservadoras y autoridades subnacionales.

Por último el autor menciona el amotinamiento policial, que comienza como una propuesta reivindicativa y en horas va tomando la forma de proyecto político.

México, un caso testigo de los 90´

En 1994 se produce la insurgencia zapatista y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levanta en armas. La GBI vuelve al ruedo a través de grupos paramilitares en articulación con el Estado mexicano y hasta la actualidad continua en una tensión permanente por la disputa territorial de las comunidades indígenas que han asumido su propio gobierno.

En México a su vez la guerra sucia es implementada de una manera particular, ya que como señala Ceceña (2008:66), se escondía “tras una máscara de apertura democrática”. La dualidad entre régimen democrático y guerra sucia genera una condición distinta en la cual la guerrilla también debe reconfigurarse.

La forma de habitar que proponen los zapatistas es profundamente antagónica con la condición occidental del Estado-Nación moderno que ejerce el monopolio de la violencia en términos weberianos a partir del control territorial. La defensa del territorio es crucial en la GBI, ya que justamente al ser una guerra de carácter prolongado basada en el desgaste del adversario, los mecanismos de participación propuestos por el zapatismo actúan como dispositivos que sostienen la legitimidad del movimiento y la moral de los habitantes. En este contexto, la democracia directa no sólo constituye una nueva forma de concebir los derechos de los sujetos y su potencial creador, sino también constituye canales que permiten consolidar la autonomía y el territorio en contraposición a la guerra psicológica que propone la GBI.

En este marco es importante indagar en el concepto de invisibilización en tanto supone un ejercicio de poder desigual entre el opresor y el oprimido, pero también una técnica novedosa de la GBI. La invisibilización forma parte de la guerra de desgaste (Luna, 2013) ya que promueve una negación de la historia, de la experiencia de las comunidades construyendo en el sentido común visiones distorsionadas. En ese plano no debe dejarse de lado que las comunidades indígenas han sido víctimas del genocidio que implicó la colonización de América, si comprendemos al genocidio como una práctica social (Feirstein, 2011) que se basa no solo en la exterminación física sino en la creación de un  modelo de representación y narración  simbólica que trasmite las experiencias y los traumas sufridos. Podemos establecer entonces que la invisibilización es una continuidad de dichas relaciones asimétricas.

Como dijimos anteriormente, las acciones militares hacen un uso de la violencia selectiva y la precisión suele ser su característica principal. La masacre a campesinos,  como la ocurrida en 1997 en el municipio de Chenalhó por grupos paramilitares, así como los asesinatos selectivos a dirigentes sociales, no solamente buscan atemorizar a la población, sino también manifiestan de forma concreta la noción de culturalismo en la GBI, al querer aparentar una falsa pelea entre grupos sociales de clases subalternas cuando en realidad es una violencia ejercida desde el poder dominante.

Venezuela, Bolivia y Paraguay: ensayos de una nueva tipología golpista en el siglo XXI

En estos tres países podemos observar de forma más nítida cómo se desplegaron  distintos dispositivos y formatos de la GBI que fueron inaugurando un nuevo modo de intervención en América Latina.

El caso de Venezuela es el primer Golpe de Estado del siglo XXI en Latinoamérica, donde hubo cierta combinación de un formato clásico (protagonismo total de ciertos sectores del ejercito) con nuevas modalidades que como veremos más adelante se han actualizado con la presidencia de Maduro. En Bolivia aparecen las ONG (especialmente UNAMERICA) como actores determinantes que asumen el rol de verdugos de gobiernos democráticos. En Paraguay a diferencia de los anteriores, debuta con éxito la modalidad de  golpe institucional que hoy se aplica de forma parecida en Brasil.

Durante el 2008 se producen en Bolivia una serie de conflictos y convulsiones que son el punto de inflexión para resolver el empate hegemónico (Linera, 2012). El 11 de septiembre de aquel año, más de treinta campesinos simpatizantes de Evo Morales son asesinados en la zona del Porvenir a 30 kilómetros de Cobja, capital de Pando, por un grupo armado no identificado. Ante estos hechos, sectores del gobierno nacional acusan públicamente al gobernador Leopoldo Fernández de haber sido el autor intelectual de la matanza y se declara el Estado de sitio en Pando.

Frente a este escenario los sectores opositores acuden a la figura del genocidio tanto para defenderse como para atacar legal y políticamente a Evo Morales. En este contexto, varias ONGs agrupadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnaAmérica), presentan en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la OEA, varios informes en los cuales acusan al gobierno de Evo del conflicto y la violencia desatada en Pando. También lo responsabilizan por crímenes de lesa humanidad y sostienen “que las masacres perpetradas en El porvenir y en Cobja fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del Gobierno boliviano”.

Inmediatamente el conflicto comienza a tener repercusiones en los medios de comunicación pero con una particularidad, que es la incorporación del concepto de “genocidio cultural”. Los informes de UnaAmérica pretenden mostrar de forma exhaustiva cómo en realidad lo de Pando fue una estrategia del Gobierno para implementar una dictadura, encarcelando y torturando a sectores opositores, violando el derecho a un juicio justo y negando el derecho a la información. La estrategia del Gobierno boliviano ya no sería solamente militar, sino también  a través del “genocidio cultural”.

Este tipo de genocidio se origina, según los informes de UnaAmérica, cuando Evo Morales ordena el traslado de miles de familias Aymaras/Quechuas provenientes del departamento de Potosí y otros del occidente de Bolivia al departamento de Pando, con el fin, según el diputado Mendivil, de “tomar no solo militarmente sino electoralmente Pando”. Esta idea se basa en que estos “foráneos”, recién llegados pueden llegar a representar más del 20% del padrón electoral, y por lo tanto pueden torcer de manera desleal las próximas elecciones a gobernador.

En Paraguay a partir del 2009 se comenzó a gestar una campaña mediática contra la figura del presidente Fernando Lugo, reclamando su juicio político aludiendo su cercanía a Hugo Chávez a través de su política partidaria con el Mercosur y con la UNASUR.

El 22 de junio se lleva a cabo el Golpe de Estado de carácter “institucional” a través del juicio político contra el presidente paraguayo, iniciado en la Cámara de Diputados y finalizado en un Senado constituido como tribunal. Con cuatro senadores a favor y 39 votos en contra, el mandatario es destituido y su vicepresidente Federico Franco se convierte en presidente interino.

El libreto de acusaciones muestra los hechos considerados relevantes como para llevar a cabo un juicio express que no dura más 24 horas, seguido de la destitución del Presidente:

1) La financiación del encuentro de jóvenes socialistas: cristaliza una postura de anti pluralidad democrática, un intento de imponer una mirada propia de derecha frente a la juventud y sus ideales políticos.

2) El aval del Presidente al Protocolo de Ushuaia II. Este protocolo se realizó en diciembre del 2011.

La oposición hacia este protocolo por parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, evidencia una postura antidemocrática y la clara decisión de ocultar una voluntad de tradición golpista. Aparece un nacionalismo que invoca a la memoria sobre el peligro exterior, a la “Triple Alianza + Lugo”, con el objeto de construir una fachada de unidad nacional[1] en oposición a un presidente cuya visión y sus decisiones eran de tipo latinoamericanista, partidario de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), de la incorporación de Venezuela al Mercosur, mientras que su Congreso miraba fijamente al Norte (Estados Unidos) con una postura anti UNASUR, anti Chavista y anti sudamericana.

Lugo es por una parte acusado de no enviar a las fuerzas de seguridad para reprimir a los carperos que ocuparon las tierras en la zona de Ñacunday, pero a su vez culpado de las matanzas en Curuguaty, hechos de los que aún se desconocen sus responsables. Curuguaty y Ñacunday representan las eternas luchas campesinas por la reforma agraria.  De manera similar al caso de Bolivia, se pretende invertir los roles, apelando a una distorsión en el imaginario social, y ubicando al gobierno como el autor de las masacres.

En el caso de Venezuela, luego del intento de golpe de Estado fallido a Chávez en 2002, la oposición utiliza múltiples tácticas, atravesando el mismo dilema: si configurarse como una alternativa política constructiva o, por el contrario, intensificar las estrategias destituyentes. Siempre más inclinada por lo segunda opción, se ha desplazado desde la presentación a elecciones y el reconocimiento del juego institucional hasta la guerra económica y el desabastecimiento como forma de presión permanente. La guerra económica es una guerra sucia y prolongada que se basa, principalmente, en desabastecer de forma selectiva e incrementar sustancialmente los precios de los productos básicos. Por un lado, genera una especulación irracional que genera caos y paranoia en la sociedad mientras que esa propia irracionalidad forma parte de una estrategia política racional, que tiene como fin destruir a la Revolución Bolivariana.

Algunas Reflexiones actuales

El triunfo de Macri en Argentina, el avance de la oposición venezolana en las elecciones legislativas y la derrota del oficialismo en el referéndum boliviano para permitir la re-postulación de Evo Morales, sumado al el reciente impeachment  (golpe institucional) a Dilma Rousseff, evidencian un nuevo mapa regional donde la ofensiva neoliberal vuelve con más agresividad e intensidad.

En este marco la GBI intensifica y actualiza sus mecanismos tanto para condicionar y destituir a los gobiernos que se enfrentan a la ola neoliberal (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador) como para controlar el conflicto social y los posibles levantamientos populares que se producen históricamente con los modelos de ajuste y exclusión que genera el neoliberalismo. En ese sentido se torna vital que la protesta social no se canalice en una fuerza política organizada, y es por ello que desacreditar y judicializar a los líderes populares, distorsionando la memoria colectiva del pasado reciente, es una tarea constante. Mientras más ajustan y nivelan para bajo, más promueven la distancia y el conflicto  entre las capas  medias y los sectores bajos, más pretenden construir un relato del cambio en el cual se vuelva a desprestigiar a la política como herramienta de transformación y temas como la corrupción se los generaliza de tal manera donde parece que todo fue una mentira y de nada sirve comprometerse.

El giro de muchos votantes de sectores medios, especialmente urbanos, a opciones de corte neoliberal manifiesta cierto éxito que ha tenido la construcción de la idea de cambio, como forma de resolver los conflictos. La nueva derecha ha logrado instalar  la percepción de que aquello que ya se ha obtenido ha sido producto de esfuerzos individuales y no de políticas de un Estado presente, y por lo tanto de lo que se trata es de aspirar a tener mejores niveles de consumo, ya garantizadas condiciones mínimas de vida material. Además pretende romper con la “polarización” que supone una disputa constante e impide el desarrollo personal de los ciudadanos. La penetración de un relato post-moderno vacío, que fetichiza lo privado y que sólo apela al derecho individual como forma de elevar el bienestar, genera un nuevo tipo de subjetividad en la cual se produce un  desplazamiento en las expectativas de los individuos, buscando en los nuevos gobiernos la garantía del orden y la posibilidad de ascenso social.  Tampoco es casual que sus estrategias comunicacionales estén centradas en aumentar los temores sociales, justificar las desigualdades y reconstruir una subjetividad post-moderna despolitizada.

El orden simbólico neoliberal sigue teniendo un poder de fuego concreto en la batalla de las ideas. Elevar los niveles de organización y conciencia de los y las de abajo es una tarea urgente, especialmente en aquellos sectores postergados que hoy son nuevas capas medias. Transformar las derrotas tácticas en victorias estratégicas es el nuevo desafío.

 Notas

[*] Licenciado y profesor de Sociología, UBA.

[1] Rivarola, Milda: La recisión del contrato social en Carbone, Rocco y Soler, Lorena: Franquismo en Paraguay, 1°ed –Buenos Aires: el 8vo. Loco, 2012.

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