Investigar el sistema penal y las prácticas de violencia punitiva estatal

Por Ana Laura López [1]

 

“El problema no es si debemos tomar partido, ya que
invariantemente lo haremos, sino más bien
qué partido tomar”
Howard Becker, ¿De qué lado estamos?

 

 

Sobre las prácticas de castigo desde la perspectiva sociológica y de los derechos humanos

Comprender el castigo como un artefacto social y cultural (Garland, 1999), mandatario de una función social compleja (Foucault, 1984) resulta un enfoque propicio para restituir historicidad a su formato y funciones, así como para su abordaje como problema sociológico. Desde esta perspectiva, se recuperan dichas herramientas conceptuales con el fin de comprender el sistema carcelario como parte de procesos histórica y socialmente determinados, que dan un sentido y una orientación simbólica, práctica y cultural al castigo en tanto regulación del conflicto y, principalmente, en tanto conservación del orden social.

Desde este enfoque, la cárcel moderna -representación totalizante del castigo contemporáneo- debe ser entendida como una construcción social, producto de estrategias basadas en los conceptos de peligrosidad y defensa social, que desde lo político y desde lo social han concebido al castigo legal como una forma de control de unos pocos sobre otros, muchos (Daroqui, 2014). Sus diferentes expresiones, en el desarrollo histórico desde su nacimiento como castigo legal-formal, responden a las formas de articulación entre lo político, lo social, lo económico y lo cultural. En este marco, y atendiendo a la inmanente relación entre el ejercicio del poder de castigar y la violencia física y simbólica, entre el deber ser y el ser de los sistemas punitivos, es que situamos a los desafíos de la investigación social.

Específicamente, abordar la cuestión de la gobernabilidad penitenciaria, su despliegue en el marco de la “cárcel real” y de sus procesos de gobernabilidad –en térmi­nos de programa, usos y efectos, es decir, estrategias y tácticas de gobierno en clave de “orden”- implica observar críticamente y desde la perspectiva de los derechos humanos el tipo de articulación que se despliega en las diferentes espacialidades del archipiélago institucional punitivo, reconociendo que en todos los casos se conforman a través de ejercicios de violencia que afirman y reafirman el sentido social y político del castigo en las sociedades contemporáneas.

La cárcel del S.XXI abandona la pretendida función resocializadora del S.XIX, aun cuando sobre esta noción se sostenga aún su justificación legal y el andamiaje de ficciones tratamentales ejercidas con discrecionalidad y en funcionalidad con la producción de subordinaciones. En la actualidad, la cárcel supone un modelo de neutralización e incapacitación selectiva que produce sujetos violentados, retomando para ello como principales tecnologías de poder el aislamiento y la degradación subjetiva y material: “El gobierno penitenciario de los últimos diez años produjo y expandió diferentes espacios de clausura en el sentido de aislamiento. De un aislamiento que neutraliza porque en nombre de la seguridad tiene por objetivo administrar el orden interior de la cárcel. Espacios de aislamiento que deben leerse en el sentido de gobierno de las poblaciones al interior de una cárcel. En esos espacios no se garantizan derechos ni se protegen personas, ni siquiera se las “disciplina”, son espacios en los que el castigo se traduce en clave de crueldad. Así, la privación de la libertad implica una serie de suplementos punitivos que la traducen sólo en términos de castigo. El alojamiento en espacios reducidos, el aislamiento, una economía permanente de los movimientos, el tiempo medido y controlado, la postergación y violación de derechos, la sujeción a reglas y normas arbitrarias, los des-tratos, la violencia  institucional para dominar el conflicto individual y/o colectivo de las personas detenidas, descalifican el uso irresponsable de la ecuación pena privativa de la libertad” (Daroqui, 2014: 142).

En este escenario, el componente distintivo de las prácticas violentas de gobierno carcelario es el de la crueldad (Ulloa, 1998), no como producto de actos extremos y extraordinarios, sino como parte normalizada de la administración de actos cotidianos que el poder penitenciario ejerce: “prácticas que lesionan-lastiman, que degradan, que humillan, que violentan, y que las personas detenidas transitan todo el tiempo durante el encierro carcelario. Son parte de una tecnología, es constitutiva de una forma de gobernar a las poblaciones detenidas y a los sujetos en su condición de presos” (Daroqui, 2014: 143). Dicha crueldad como atributo del poder de castigar de los servicios penitenciarios no se vincula (aunque pretenda “justificarse” en ello) a la “sanción de una falta grave” ni a la “necesidad” de reprimir conflictos de magnitud. Se inscribe en una relación de poder con las víctimas, demostrado una y otra vez, en situaciones diversas, su capacidad ilimitada, arbitraria y discrecional de aplicar ejercicios que dañan y humillan, sostenidos en el tiempo y administrando espacios carcelarios, constituyendo violaciones permanentes a los derechos humanos de la clientela penal, que se expande e inflaciona como nunca antes en su historia.

Pensar el presente: el encarcelamiento como fenómeno global y local en el SXXI

Durante las últimas décadas se observa, a nivel internacional y también en el ámbito local, un sostenido crecimiento en la cantidad de personas detenidas bajo sistemas penitenciarios[2], tanto en términos absolutos (cantidad de personas presas) como relativos (tasa de encarcelamiento). Este fenómeno, que ha sido conceptualizado como inflación penal (De Giorgi, 2006) o hipertrofia del estado penal (Wacquant, 2006) señala que la cárcel no solo se expande sino también renueva su centralidad en el S.XXI, ya no en calidad de dispositivo correccional-tratamental de pretensión disciplinaria y de rehabilitación -según la signaron los discursos del positivismo criminológico decimonónico-, sino que ahora se vigoriza como parte de las tecnologías de gobierno selectivo e incapacitante sobre las poblaciones excedentarias y peligrosas.

La cárcel, lejos de perder vigencia, se reconfigura como una matriz compleja y dinámica de administración violenta de los sectores poblacionales que se encuentran excluidos del acceso a las formas socialmente legitimadas de integración social y económica. Así, asistimos a la jerarquización -en el marco del estado penal- de un artefacto carcelario de amplias dimensiones y sostenidamente extendido, cuya principal apoyatura se encuentra, por un lado, en garantizar la neutralización e incapacitación selectiva y temporal de determinados grupos y sujetos definidos como peligrosos, y por ende, no-integrables. Por otro lado, el encarcelamiento masivo iniciado a fines del S.XIX y en franca expansión durante las primeras décadas del S.XXI se presenta como una experiencia cada vez más previsible de tránsito vital y biográfico para los sectores empobrecidos de la población, especialmente los jóvenes-varones-urbanos, fagocitados a la consagración de un modelo de híper-consumo dentro de un contexto social de desasalarización y precarización permanente de las trayectorias sociales y económicas de las clases desposeídas. Así, la cárcel se presenta como un destino cada vez más probable, por vía directa (prisionalización) o indirecta (prisionalización secundaria) para cada vez más amplios contingentes poblacionales, en la realización necesaria de un mandato de orden social distintivamente desigual. Mandato que, para su dinámica, requiere de herramientas punitivas (presentes en las políticas penales pero también en las sociales)[3] y especialmente de la circulación por los espacios de encarcelamiento para su conservación y reproducción, contenidas en lo que Loïc Wacquant denominó el modelo del prisionfare (2011)[4]. Así, la organización del gobierno penal de la pobreza y la inseguridad social, específicamente a través de la segregación espacial (territorial-urbana e institucional-carcelaria) constituye uno de los mecanismos más extendidos de administración de grupos calificados como peligrosos, excedentes y productores de riesgo.

A modo de ejemplificación sobre estas tendencias, tanto en Argentina como a nivel mundial se destaca la tasa de encarcelamiento, cuya medida ponderada permite comparar la intensidad en el uso de la prisionalización en diferentes territorios y volúmenes poblacionales. Según los datos del International Centre for Prision Studies[5], Estados Unidos es el país con la más alta tasa de encarcelamiento a nivel mundial, en el orden de 716 presos cada 100 mil habitantes, seguido por Rusia con una tasa de 475.

En la región sudamericana se encuentra casi el 10% del total de presos en el mundo (940.288 personas), donde se destaca el caso de Uruguay con una tasa de 281 (9.524 presos), Brasil con una tasa de 274 pero un valor absoluto de 548.003, es decir, medio millón de detenidos, lo sigue Chile con una tasa de 266 (46.718 detenidos) y Colombia con una tasa de 245 y un total de 118.201 presos/as.

En Argentina, la cantidad de presos -contabilizando sólo los detenidos en ámbitos penitenciarios- pasó de 29.690 en 1997 a 64.288 a fines de 2013, multiplicándose 2,16 veces la cantidad total de presos en 16 años[6]. Este guarismo significa que para 2013 la tasa de encarcelamiento de Argentina era de 152,33 presos cada 100 mil habitantes, posicionándose por encima de la media mundial, ubicada en 144[7], cuya dinámica da cuenta de un crecimiento tanto en volúmenes absolutos como en una mayor tasa de prisionizalización sobre la población total del país[8].

Al comparar las cifras inter-década (2002-2012) a nivel país, el crecimiento en la cantidad de detenidos en el período es del 34,5%, ritmo que claramente no se condice con el crecimiento demográfico[9]. El 65% de los presos en el país se concentran en los Servicios Penitenciarios de cuatro provincias: Buenos Aires (28.273), Córdoba (6.977), Mendoza (3.492) y Santa Fe (2.813). Desagregando el análisis a nivel provincial, las mayores tasas de encarcelamiento se registran en Córdoba (tasa de 200), Mendoza (tasa de 190), CABA (tasa de 190), Buenos Aires (tasa de 174) y Salta (tasa de 167).

 

Acerca del GESPyDH: el compromiso político con los derechos humanos y la producción de conocimiento

El recorrido y la producción del equipo del GESPyDH[10] se orientan a la investigación empírica, posicionados desde la perspectiva de la sociología crítica del castigo y de los sistemas penales. Allí, se enfoca especialmente en estudios sobre la relación entre las prácticas estatales punitivas y los derechos humanos para el contexto argentino, principalmente en el ámbito del sistema penal de la provincia de Buenos Aires y de la Nación (CABA)/Federal. Los interrogantes que guían los proyectos y líneas de trabajo proponen una práctica de producción de conocimiento comprometida con la realidad y especialmente con las violaciones a los derechos humanos en el despliegue de las prácticas y los discursos de las policías, la justicia penal y las instituciones de encierro y custodia (cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos penitenciarios, alcaldías, etc.).

En este sentido, el punto de partida teórico conceptual es el de la comprensión situada del poder punitivo estatal en el marco de las modalidades de gobierno sobre las poblaciones excedentarias, que constituyen por excelencia la clientela del sistema penal a través del accionar selectivo de sus principales agencias, todas ellas constitutivas de la cadena punitiva (Daroqui, et al, 2012), noción que pretende sintetizar el carácter procesual de y entre la policía, la justicia y el encierro a través de prácticas inter-agenciales enlazadas, más allá de las prescripciones formales, es decir, como una serie interconectada de prácticas y discursos que atraviesan, forjan y consolidan determinadas trayectorias penales, en tránsitos que no resultan unidireccionales ni acabados.

Entre las principales investigaciones del período reciente, se destacan trabajos sobre mujeres y jóvenes en prisión (Voces del encierro, 2006), sobre torturas en cárceles federales (Cuerpos Castigados, 2008), sobre producción de muertes por intervención policial y prácticas judiciales (Muertes Silenciadas, 2009), sobre el despliegue de la cadena punitiva en adolescentes y jóvenes (Sujeto de Castigos, 2012) y sobre el gobierno penitenciario en cárceles bonaerenses (Castigar y Gobernar, 2014).

Un componente central de los modos de organización, producción y despliegue del trabajo del GESPyDH se funda en la concepción de la práctica de investigación como una labor colectiva. Nuestra apuesta a la generación de conocimiento se apoya en la sumatoria de compartir el trabajo de campo, lecturas, debates y producciones en equipo. Sin ello, la capacidad de reflexión y de construcción de proyectos y sus respectivos resultados se vería notablemente limitada. Sin embargo, el compromiso con el trabajo colectivo excede un criterio de producción y se apoya centralmente en la idea de un quehacer de investigación donde el oficio del sociólogo forme parte de intercambios y debates en un sentido colectivo del conocimiento y de interpelación socio-institucional en el campo del sistema penal y los derechos humanos.

 

El Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos: la visibilización de la tortura en la actualidad

En las líneas ya enunciadas, el trabajo del GESPyDH con organismos de derechos humanos abocados al control y monitoreo de las condiciones de detención en cárceles federales y bonaerenses ha sido un espacio relevante en la producción y articulación de la práctica de investigación. Desde 2010 y hasta la actualidad, uno de los principales proyectos en desarrollo es el del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), que contó con el diseño y desarrollo metodológico del GESPyDH para el relevamiento, procesamiento y análisis de casos judicializados y comunicados (no judicializados) de torturas y/o malos tratos en cárceles provinciales y federales, labor desarrollada en acuerdo inter-institucional junto con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CCT-CPM) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), para las cárceles federales[11].

El RNCT lleva publicados cuatro Informes Anuales donde se presentan los resultados y el análisis de los casos relevados y sus características, constituyendo un insumo de acceso público, definición que apuesta a poner en cuestión las lógicas de la ausencia o la no publicidad de la información relativa al sistema penal que caracteriza los perfiles actuales e históricos de las agencias estatales en la negación o desestimación de la calidad y acceso público a la información.

En la ficha de entrevista diseñada para el RNCT se relevan 11 tipos o modalidades de malos tratos y/o torturas posibles que pueden combinarse en diferentes grados de multiplicidad dentro de un mismo hecho, cuya ocurrencia debe estar comprendida dentro de un período limitado a los dos meses anteriores a la toma de datos. Los tipos de torturas y/o malos tratos operacionalizados son: agresiones físicas, amenazas, aislamiento, requisa vejatoria, traslados constantes, traslados gravosos, falta o deficiente alimentación, falta o deficiente atención médica, robo de pertenencias por parte de los agentes penitenciarios, malas condiciones materiales de detención y falta o impedimento de vinculación familiar y/o social.

En cuanto a los resultados generales, cabe mencionar que en 2011 el RNCT registró 791 víctimas de torturas y/o malos tratos en 21 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, 3 institutos de menores y 6 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, con un promedio de 4 tipos de torturas y/o malos tratos combinados por persona, generalmente en el marco de un hecho.

Para 2012 el RNCT relevó un total de 937 víctimas de torturas y/o malos tratos en 22 unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, 3 institutos de menores, 1 hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en 8 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, con un promedio de 3,4 tipos de torturas y/o malos tratos combinados por cada víctima.

Finalmente, para 2013 tanto en el ámbito federal como bonaerense el RNCT registró un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos en 26 unidades penales, 1 alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, 4 institutos de menores, 1 comisaría, 1 hospital neuropsiquiátrico de la Provincia de Buenos Aires y 8 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, con un promedio de 3,2 tipos de tortura y/o malos tratos combinados por cada víctima entrevistada.

Las variaciones en el registro no se explican cómo parámetros representativos estadísticamente del fenómeno, ya que no se trata de un muestreo aleatorio, sino de una búsqueda deliberada de casos en el campo empírico, acompañando las tareas de monitoreo de los organismos. La extensión y alcance a todo el archipiélago institucional de los casos relevados, la regularidad y la multi-dimensionalidad en el formato de despliegue y ejercicio de las prácticas de violencia por parte de los agentes estatales sobre las personas detenidas da cuenta de una sistematicidad en las formas habituales en las que se expresa el castigo, a través de suplementos punitivos y violencias disciplinantes, es decir, a través de mecanismos de crueldad que a la vez que someten y degradan, fijan un lugar y una expectativa de subjetivación para quienes son clientes del sistema penal. Experiencias de violencia que abarcan no solo las agresiones físicas, sino también un amplio espectro de violencias simbólicas, psicológicas y físicas que incluyen la incertidumbre, el hambre y el confinamiento solitario, entre otras.

Si bien el RNCT desde su creación se focalizó en el ámbito carcelario, desde 2014 el relevamiento de campo incluye la indagación específica sobre violencias por parte de las fuerzas policiales y de seguridad desplegadas en el territorio urbano, habida cuenta del incremento y yuxtaposición de cuerpos policiales en el marco de la “emergencia de la seguridad”, lo que indefectiblemente conlleva a una agudización de las prácticas de violación a los derechos humanos para los destinatarios de la orientación de la persecución penal y la criminalización secundaria.

A efectos de dimensionar, pero para principalmente de cualificar y comprender las características de estas prácticas, se ha desarrollado un nuevo instrumento de recolección de datos que promueve la reconstrucción de experiencias y dinámicas territoriales de criminalización, específicamente en cuanto a figuras como la resistencia a la autoridad y otras formas de punición policial/judicial, indagando también en lo específico las  prácticas expresivas de violencia policial, la permanencia en comisarías (especialmente en el ámbito provincial) y lo relativo a la accesibilidad y tipo de atención por parte de los operadores judiciales.

 

La policialización del espacio urbano degradado[12]

La saturación selectiva en territorios urbanos con intensa presencia de fuerzas policiales y de seguridad es la respuesta que en forma unívoca se despliega frente a la tematización y puesta en agenda de la cuestión securitaria, especialmente sostenida por el progresismo punitivo (Motto, et al, 2014). En este contexto, para el año 2014, en la Ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó o participaba de 9 planes creados entre los años 2011 y 2014[13]. En el territorio de la ciudad se contabilizan aproximadamente 15.415 efectivos de policías y/o fuerzas federales (PFA: 11.361; GNA: 1.960; PNA: 1.250; PSA: 444; Cuerpo Especial de Preventores Ferroviarios: 400) según la reconstrucción artesanal de datos en base a referencias de fuentes gubernamentales. Teniendo en consideración que la ciudad tiene una población de 2.890.151 según el Censo 2010, los efectivos del nivel nacional declarados oficialmente obtienen una relación de un agente policial por cada 187 habitantes, cifra que se compacta a un agente cada 141 habitantes si se le suman los 5.000 oficiales de la Policía Metropolitana, creada en 2010 (Fuentes y Tellería, 2015:11).

No obstante, la distribución de los agentes policiales en el territorio urbano no resulta homogénea, sino que se concentra en los barrios de mayor marginalidad y pobreza, estableciendo allí los “focos estratégicos” de saturación policial y de híper-control del espacio urbano, sin dudas un significativo “efecto” de la reducción del concepto de seguridad al potencial de comisión de actos delictivos callejeros por parte de los sectores excluidos, como sinónimo de “inseguridad”, y la consecuente respuesta de policiamiento urbano, ya sea en su expresión violenta y lesiva, o también bajo “nuevos” programas de seguridad de pretendida inclusión, basados en propuestas de conductismo moral y responsabilización individual sobre los más pobres (Wacquant, 2011).

A modo de cierre: la tematización reciente sobre la violencia estatal, debates y perspectivas

Para finalizar, plantearemos un eje problemático que resulta concomitante al de la investigación de las prácticas antes conceptualizadas y también referenciadas empíricamente. En los últimos años, pero especialmente desde 2013, la denominada violencia institucional comenzó un proceso de tematización y posicionamiento público e institucional que implicó la creación de diferentes áreas y programas en los organismos estatales (del poder ejecutivo, judicial y legislativo, tanto en el ámbito nacional, provincial y de la ciudad), así como campañas, jornadas, actos públicos y otras expresiones en el ámbito público estatal, universitario y de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta puesta en escena de la violencia perpetrada por las fuerzas policiales y de custodia renovó el hasta entonces discurso negacionista o de minimización del fenómeno (Cohen, 2005)[14] que sostenían las instituciones que en la actualidad enarbolan la temática a través de la creación de estructuras y actividades institucionales, donde el discurso mutó de la negación de su existencia[15], a su exaltación discursiva.

Sin duda, esta oficialización de las temáticas de la violencia estatal punitiva conllevan una serie de problemas en cuanto a las modalidades de investigación de los fenómenos y la búsqueda de legitimación institucional antes que a la de conocimiento crítico, así como la utilización de categorías como la de violencia institucional que, si bien en sí mismas forman parte del acervo semántico de este campo de estudio, en su posicionamiento hegemónico pueden correr el riesgo de diluir la precisión sobre el componente estatal y represivo (fuerzas policiales y de custodia) que lo definen como un universo específico, además de aliviar las implicancias políticas del término tortura, que resulta sutilmente desplazado por el de violencia institucional. Así, la propagación de la temática y su incorporación a las agendas de casi la totalidad de las propias instituciones en las cuales -y a través de sus miembros- dichas violencias se ejercen y violan derechos, debe ser puesta en tensión respecto de las capacidades de esas mismas instituciones de problematizar lo que producen y de la operación simbólica que implica un concepto con potencial en el orden de la ambigüedad y de su significación, que pareciera constituirse como un fenómeno de secundaria conexidad con los procesos de tortura y violación a los derechos humanos.

En este contexto, consideramos que el uso reafirmativo de conceptos como tortura y violencia estatal constituyen objetivos político-académicos de importancia, en tren de construir investigaciones sin compromisos con las agencias que producen dichas violencias, en un contexto donde la banalización de los términos funda una no deleznable amenaza a su problematización e impugnación social e institucional.

Notas

[1] Ana Laura López es Socióloga. Magister en Investigación en Ciencias Sociales (FSOC). Docente de grado y posgrado en temáticas de control socio-penal juvenil y metodología de la investigación. Integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y DDHH (GESPyDH) y miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de FFyL.

[2] Aunque en menor volumen, la expansión del encierro incluye también los ámbitos de “minoridad”, salud mental, comunidades terapéuticas, dependencias policiales y otras instituciones de custodia.

[3] Al respecto de la injerencia de los componentes punitivos y la interrelación entre las políticas penales y sociales véase Wacquant (2011) y Álvarez Leguizamón (2013), entre otros.

[4] Como se reseñará más adelante, el eje de encierro custodial constituye la principal línea de trabajo del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos que conformó el GESPyDH junto con organismos de monitoreo de los sistemas carcelarios nacionales/federales y de la provincia de Buenos Aires.

[5] Disponible en: http://www.prisonstudies.org

[6] http://www.jus.gob.ar/media/2736750/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202013.pdf

[7] Si se contabilizan las personas detenidas en comisarías de todo el país, a excepción de tres provincias (CABA, Córdoba y San Luis) que no lo informaron, los presos en 2013 ascienden a 69.706, cuya agregación eleva la tasa de encarcelamiento en Argentina a 165,2 personas cada 100 mil habitantes. No obstante, dicha medida no incluye personas menores de edad en centros penales, clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas.

[8] Para ese año, el SENEEP señala que el 85% de los presos en Argentina se alojan en cárceles provinciales y el 16% en cárceles federales/nacionales. Del total de presos en cárceles del país (sin considerar comisarías), el 44% se encuentra alojado en unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

[9] Aunque la tradición de estudios sobre prisionalización ha demostrado que no existe correlación lineal entre la comisión de delitos y el aumento de los índices de encarcelamiento, no obstante, esta comparación no se puede realizar dado que el órgano facultado, el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, no publica datos oficiales del SNIC desde el año 2008, desconociéndose la cifra oficial de delitos denunciados y/o relevados  a través de encuestas de victimización.

[10] El Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) funciona desde el año 2005 en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con la coordinación de Alcira Daroqui y Silvia Guemureman, la participación como investigadores de María Jimena Andersen, Carlos Motto, Rosario Bouilly, Ana Laura López, Hugo Motta y Joaquin Zajac, y la colaboración de Hugo Motta, Ornela Calcagno, Florencia Telleria, Sofía Conti, Karina Fuentes, Fernando Rizzón Juan Pablo Palmucci.

[11] Para el trabajo con este organismo se contó con el apoyo financiero e institucional a través del Proyecto PDTS (PS01), otorgado por la UBA para el desarrollo del RNCT y su ampliación a los ámbitos psiquiátricos-penitenciarios y policiales en el ámbito nacional/federal.

[12] El desarrollo de este eje investigativo se inscribe en algunos de los objetivos del Proyecto de Investigación UBACyT “Observatorio de políticas de control penal en el marco del gobierno de la población excedentaria en espacios de vulnerabilidad socioterritorial y en espacios de encierro punitivo II”, dirigido por Silvia Guemureman y Alcira Daroqui, y desarrollado en marco del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH).

[13] Plan Nacional de Participación Comunitaria (Abril 2011, Nacional), Plan Buenos Aires Ciudad Segura (BACS) (Junio 2011, Local), Operativo Unidad Cinturón Sur (Junio 2011, Nacional), Tren Alerta (Septiembre 2011, Local), Plan de Seguridad Urbana (Octubre 2011, Local), Control Accesos CABA (Noviembre 2011, Local), Operativo Vigía (Diciembre 2011, Nacional), Plan de Abordaje Integral «Plan Ahí» (Junio 2012, Nacional), Plan Nacional de Seguridad (Agosto 2013, Nacional). Al respecto ver: Fuentes y Tellería (2015).

[14] Cohen define la “sociología de la negación” como aquella reacción en la que se puede negar la ocurrencia del hecho o aceptar la misma, pero negar sus implicancias (que serán reprimidas, negadas, reinterpretadas, neutralizadas o eludidas racionalmente). La “política de la negación” se divide en negación absoluta o literal (“no sucede”), desacreditación (“la organización que denuncia es tendenciosa, manipulada o crédula”), re-denominación o interpretativa (“si, algo sucede pero no es tortura”) y justificación e implicancias (“de todos modos “eso” estaba moralmente justificado”).

[15] Al respecto, véase: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-95872-2007-12-08.html

Referencias bibliográficas

Álvarez Leguizamón, S. (2013). “La nueva economía política de la pobreza: diagnóstico y asistencia”, Revista Voces en el Fénix, N° 22, Marzo.

Becker, Howard (2005), “¿De qué lado estamos?”, Delito y sociedad: revista de ciencias sociales, Nº 21, págs. 89-100

Fuentes, K. y Tellería, F. (2015) “La reconfiguración de las fuerzas de seguridad en espacios de vulnerabilidad socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires”, XI Jornadas de Sociología de la UBA.

Cohen, S. (2005). Estados de negación. Buenos Aires: British Council.

Daroqui, A. (2014), “El “confinamiento” socio-territorial: una “interpelación” al modelo resocializador. Un estudio sobre la distribución carcelaria territorial, los traslados de población a cárceles del interior y el modelo de máxima seguridad”, Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (CESPyDH), Nº 3-4.

Foucault, M. (1984), Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

De Giorgi, A. (2006). El gobierno de la excedencia. Madrid: Traficantes de sueños. Madrid.

Garland, D. (1999), Castigo y Sociedad Moderna. Un estudio de teoría social. México: Siglo XXI Ed.

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Wacquant, L. (2006). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.

——————-(2011). “Forjando el Estado Neoliberal. Workfare, Prisonfare e Inseguridad Social”. Revista Prohistoria, Vol.16. Rosario.

Ulloa, F. (1998). La «encerrona trágica» en las situaciones de tortura y exclusión social. Pensar el dispositivo de la crueldad. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/1998/98-12/98-12-24/psico01.htm (Consulta 27-1-14).